La ley bonaerense que restringe el celular en el aula sigue sin aplicarse, y la profesora agredida en San Nicolás hacía cumplir una regla de su escuela

El martes 13 de octubre, en un aula de la Escuela de Educación Secundaria N.º 5 «Héroes Nicoleños de Malvinas», de San Nicolás de los Arroyos, una profesora les comunicaba a sus alumnos las nuevas medidas del establecimiento sobre el uso del celular. Una alumna se negó a guardar el teléfono aunque la docente se lo pidió al menos dos veces. Según la reconstrucción de Clarín y TN, la estudiante la arrastró de los pelos y la golpeó en el piso, frente a sus compañeros. La profesora terminó internada en el hospital local. [1] [2]

El caso trascendió casi dos semanas después, cuando se difundió el video que grabaron otros estudiantes y que mostraron canales como A24. [23] A la agresión se sumó otra denuncia: según testimonios recogidos por Realpolitik, a alumnos y docentes se les habría pedido borrar las grabaciones, y el material que difundió ese medio fue recuperado de un teléfono que también lo había eliminado. Ese pedido sigue bajo investigación. [4] [1] [2]

Detrás de la escena hay una pregunta que excede a San Nicolás. La profesora hacía cumplir una regla de su escuela porque la ley bonaerense que restringe el celular en el aula todavía no se aplica: la de primaria lleva más de un año sin reglamentar y la reforma que la extiende a la secundaria recibió su sanción definitiva siete días después de la agresión. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, la prohibición en clase rige desde marzo. Y cuando un docente es agredido, la provincia tiene una guía, un acuerdo paritario y, desde la semana pasada, una ley con penas más duras.

Celular en las escuelas bonaerenses: una ley que todavía no llega al aula

La Ley 15.534, impulsada por el senador Emmanuel González Santalla, fue sancionada el 18 de septiembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 14 de octubre de ese año. Para la primaria fijó un «uso responsable» de las pantallas: solo con fines pedagógicos. [8] Días después de la sanción, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), el organismo que conduce las escuelas bonaerenses, avisó que analizaría cómo aplicarla porque «no existe una única medida para un sistema educativo de la vastedad y heterogeneidad del bonaerense», y recordó que la norma le daba 180 días para reglamentarla. [7] Contado desde la publicación, ese plazo venció el 12 de abril de 2026. La reglamentación sigue sin aparecer. [12] [11]

La diferencia no es solo de calendario. Según Clarín, cuando se debatía la ley de primaria, desde la DGCyE sostuvieron: «No vemos que la prohibición sea el camino». [11] Del otro lado, los colegios privados reclaman respaldo. «Una prohibición sin consecuencias claras ante su incumplimiento termina debilitando la autoridad institucional», advirtió Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, la asociación que reúne a colegios privados de todo el país. [11]

El 20 de octubre, la Cámara de Diputados bonaerense le dio sanción definitiva al proyecto del diputado Martín Rozas (Unión y Libertad), que extiende la regla a la secundaria. El Senado lo había modificado el 6 de octubre para que, en lugar de una ley nueva, reformara la 15.534, y por eso volvió a Diputados. [9] [12] El nuevo artículo 3 dice: «Entiéndase como uso responsable la no utilización de dispositivos digitales durante la jornada educativa, salvo requerimiento y/o autorización explícita del docente». La restricción abarca toda la jornada, no solo la hora de clase, y las autoridades deberán definir cómo se aplica en los recreos. [10]

Para que esa regla llegue a las aulas todavía faltan tres pasos:

• la publicación en el Boletín Oficial; [12]
• un decreto reglamentario, que depende del gobernador Axel Kicillof y de la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y que defina quién controla y cómo se aplica en cada escuela; [12]
• instrucciones y protocolos de la autoridad de aplicación, porque el texto no fija qué pasa si un alumno no cumple. [9] [12]

Las dos normas alcanzan a 2,1 millones de alumnos de inicial y primaria en más de 10.400 establecimientos y a 1,4 millones de adolescentes en 4.040 secundarias. [11] Sumados, son 3,5 millones de estudiantes bonaerenses con reglas votadas que todavía no se aplican. Mientras tanto, las restricciones dependen de lo que decide cada establecimiento. [22] Es exactamente lo que estaba haciendo la profesora de San Nicolás cuando fue agredida.

En la Ciudad de Buenos Aires, el celular está prohibido en clase desde marzo

La Ciudad empezó antes y con una resolución del Ministerio de Educación, sin pasar por la Legislatura. La Resolución 2075/2024, del 7 de agosto de 2024, ordenó que en primaria los dispositivos quedaran guardados toda la jornada, recreos incluidos, y que en secundaria se usaran solo en actividades pedagógicas planificadas o en momentos habilitados por la conducción, con pautas de cada escuela para los recreos. [13]

En marzo de 2026, una nueva resolución reemplazó esas pautas y declaró las aulas «libres de celulares». [14] [15] Hoy rige así:

• Inicial y primaria: el celular está prohibido toda la jornada, también en los recreos y en el comedor.
• Secundaria: está prohibido durante las clases, para los estudiantes y también para los docentes frente a alumnos; las actividades digitales se hacen con equipos de la escuela.
• Cada secundaria redacta su reglamento, define cómo se guardan los teléfonos, lo comunica a la comunidad educativa y lo eleva a la Supervisión. Hay excepciones por discapacidad, enfermedad o necesidades de apoyo.

El gobierno porteño apoyó la medida en sus propios datos: el 94% de los estudiantes secundarios lleva el celular todos los días a la escuela y cinco de cada diez dicen que quieren dejar de usarlo y no pueden. En su encuesta posterior a la primera regulación, siete de cada diez alumnos de primaria y seis de cada diez de secundaria respondieron que prestan más atención. [15] Son respuestas de los propios alumnos, no mediciones de rendimiento, pero muestran la lógica porteña: la regla y el mecanismo de guardado se fijan antes de que el docente tenga que hacerlos cumplir en el aula.

Qué prevé el protocolo bonaerense cuando un estudiante agrede a un docente

La referencia en la provincia es la Guía de Orientación para la intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar, actualizada en 2023, que tiene un apartado específico para la violencia «de estudiantes hacia docentes o no docentes». Pide abordar el hecho «desde una perspectiva de derecho que resguarde a las y los estudiantes» y, a la vez, «cuidar a la o el docente» afectado. [16] Los pasos son estos:

• primeros auxilios y llamado a la emergencia de Provincia ART, con la denuncia inmediata de accidente de trabajo al 0800-333-1333; si la ART no responde, la emergencia médica de la escuela o el 107;
• contener, escuchar y acompañar a la docente o al docente agredido;
• el equipo de conducción y el Equipo de Orientación Escolar abordan el caso; si la escuela no tiene uno, se pide ayuda a otro equipo o a un Equipo Interdisciplinario Distrital;
• se comunica lo ocurrido a la familia, según la edad del estudiante y la gravedad del hecho;
• se aplica el Acuerdo Institucional de Convivencia y, si hace falta, se da intervención al Servicio Local de protección de derechos y al delegado regional de Legal y Técnica. [16]

La guía también pide dejar constancia escrita de lo sucedido, preservando la identidad de los menores, porque un registro riguroso evita que la información circule por otros medios, como mensajes o audios. Y, al describir el acoso entre estudiantes, incluye en el problema a quienes participan «filmando y subiendo las escenas a la web». [16] En San Nicolás, lo que se investiga es si alguien pidió borrar esos videos en lugar de preservarlos, como reclaman docentes y alumnos. [3] [4]

La segunda capa es el acuerdo paritario de prevención, resguardo y reparación que firmaron en mayo de 2023 la DGCyE, el Ministerio de Trabajo y el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Prevé asesoramiento jurídico y asistencia a las víctimas, la presencia de autoridades distritales o regionales en las escuelas atravesadas por hechos de violencia y la cobertura médica a través de la ART. [17] [24] Es el marco del «protocolo de resguardo y reparación» que, según SUTEBA San Nicolás, se activó para la profesora. [5]

La tercera es nueva. La Ley 15.647, publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre, reformó el artículo 74 bis del Código de Faltas: prevé de 5 a 30 días de arresto o una multa de entre el 50% y el 100% del sueldo mensual de un oficial de la Policía bonaerense para quien agreda, hostigue o insulte a un docente en funciones, y el doble si ocurre frente a alumnos. [18] La versión anterior, la Ley 14.898 de 2016, solo alcanzaba a quien actuara «invocando un vínculo con un alumno», es decir, a padres o familiares. [19] Si la agresión es un delito más grave, el caso va a la Justicia penal. [18] La agresión de San Nicolás ocurrió ocho días antes de que la reforma entrara en vigor.

Lo que dicen los gremios docentes y cuántas agresiones registran

SUTEBA San Nicolás se pronunció el 14 de octubre, al día siguiente de la agresión. Además de confirmar que se activó el protocolo, contó que pidió a la Jefatura Distrital una Mesa Intersectorial para prevenir la violencia escolar y que participó de una reunión con la Inspección Regional. Su comunicado marca los dos lados del problema: «No podemos naturalizar las agresiones ni desproteger a quienes tienen la responsabilidad de enseñar», pero también hay que «evitar la estigmatización y la criminalización» de los estudiantes. [5]

Un día después, Educadores Nicoleños Asociados (ENIA), adheridos a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), expresaron su «profunda preocupación y enérgico rechazo» y pidieron una «respuesta institucional concreta y oportuna, evitando que la trabajadora quede sola frente a una situación de esta gravedad». [6] [1]

¿Cuántas agresiones hay? Los gremios no publican un registro consolidado, sino listas de casos. El 1 de octubre, SUTEBA, FEB, AMET y Udocba, cuatro de los gremios del Frente de Unidad Docente, hicieron un paro provincial después de que el padre de un alumno le fracturara el brazo a una maestra del Jardín N.º 916 de Trenque Lauquen. La adhesión fue «superior al 95%», según María Laura Torre, secretaria general adjunta de SUTEBA, y del 98%, según Liliana Olivera, presidenta de la FEB. [20] Torre enumeró denuncias en San Miguel, Hurlingham, Florencio Varela, Ensenada, Presidente Perón, San Miguel del Monte, General Belgrano y Almirante Brown, y la titular de Udocba en Trenque Lauquen describió otras cuatro agresiones ocurridas en los últimos tres meses. [20] Olivera pidió que la provincia aplique «de manera efectiva» el acuerdo paritario de 2023. [20]

Ante otros casos, la DGCyE sí habló en público. En noviembre de 2025, tras la agresión a una preceptora en el ex Normal 2 de La Plata, difundió un comunicado, abrió una investigación interna y recordó que «a las y los docentes y a los trabajadores de la educación en general se les debe respeto». [21] Sobre San Nicolás, ninguna de las coberturas del caso citó hasta ahora un comunicado de la DGCyE, y la explicación sobre qué se hizo con los videos del aula sigue pendiente. [1] [2] [4]