El hombre que mató a un yaguareté en Formosa recibió la pena máxima que fija la ley, y aun así la Justicia ahora le devuelve los intereses de lo que depositó

La plata no sale de un pago nuevo. Durante la investigación, Carlos Miguel Javier Chagra había dejado $3.770.000 como caución real, una garantía en dinero que asegura que el imputado cumpla con lo que después le exija la Justicia. Esa suma quedó en una cuenta judicial del Banco de la Nación Argentina y se fue renovando en plazos fijos. Al vencer el último, el 22 de octubre, la cuenta tenía $6.179.651,22. [1] [2] La sentencia de septiembre preveía usar la caución para la reparación de $5 millones y cobrar los $1.230.000 restantes en seis cuotas, desde octubre. Los intereses taparon ese saldo y dejaron un sobrante. [1]

Por qué la Justicia le devuelve dinero al condenado por matar un yaguareté

El 9 de octubre, Chagra firmó un acta ante el Escuadrón 16 Clorinda de Gendarmería Nacional: aceptó pagar los $5 millones de una sola vez con la cuenta judicial y pidió que le reintegraran lo que sobrara. La fiscal general subrogante Laura Wolffradt no puso objeciones. Se opusieron la Fiscalía de Estado de Formosa y la Fundación Red Yaguareté, querellantes en la causa, que pidieron destinar los intereses a la conservación de la especie porque la muerte de un monumento natural es, según plantearon, un daño ambiental colectivo e intergeneracional y los $5 millones resultaban insuficientes. [1] [2]

El juez Rubén David Oscar Quiñones, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, resolvió el martes 3 de noviembre a favor del condenado. Su razonamiento tiene dos pasos. La caución es una garantía del proceso y no pasa a ser del Estado: capital e intereses siguen siendo de quien depositó, salvo que una resolución diga otra cosa, y la sentencia solo había afectado el monto nominal. Y el tribunal que ejecuta una condena firme no puede agrandarla: si la reparación parecía baja, había que impugnarla en septiembre. [1] [2]

El Banco Nación debe transferir $2 millones al Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa, $2 millones a la Fundación Red Yaguareté y $1 millón a la Secretaría de Ambiente de la Nación, con destino exclusivo a la protección del yaguareté. Después de descontar gastos y comisiones, informará el saldo para que Chagra lo cobre en persona en la sucursal Formosa: hasta $1.179.651,22. [1] [2] Visto desde la reparación, casi uno de cada cuatro pesos que reciben esos tres destinatarios, el 24,6%, salió de los intereses del plazo fijo, según nuestro cálculo. [1]

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Cuánto vale un yaguareté para Parques Nacionales y cuánto pagó el cazador

La Administración de Parques Nacionales (APN), querellante en el juicio, había calculado el perjuicio por la muerte de este ejemplar en $377.771.071,10. [3] El organismo usa una metodología propia: parte de una base en dinero y la multiplica por índices ligados a la fragilidad de la especie, su nivel de protección y la posibilidad de recuperar el daño. [4] Con ese método, la APN valuó en $2.673.280.260 la pérdida de Acaí, una hembra liberada en el Parque Nacional El Impenetrable en octubre de 2025 cuyo collar dejó de emitir 20 días después, en una causa que se investiga en el Chaco. [4] La jueza María Belén López Macé, que dictó la condena, consideró que trasladarle al condenado los $377 millones era materialmente imposible por sus condiciones económicas, y fijó los $5 millones. [3]

La última fila es el dato que la discusión de esta semana deja ver. Si al depósito se le resta lo que el Banco Nación le devolverá, de su bolsillo salieron unos $2,6 millones, el 0,7% del daño calculado por Parques Nacionales, según nuestro cálculo con las cifras de la resolución. [1] [3] Son pesos nominales: la resolución no informa cuándo se depositó la caución, y los gastos bancarios, aún sin informar, reducirán un poco la devolución. Para la sentencia, de todos modos, la suma nunca fue el precio del animal: el daño es irreversible y el dinero se ata a acciones concretas de conservación. [3]

Cuántos yaguaretés quedan en la Argentina

El yaguareté (Panthera onca), el felino más grande de América, perdió el 95% de su distribución original en el país, según recordó el fallo, y está categorizado en peligro crítico de extinción. [3] No hay un censo nacional único: cada población se mide con métodos y en años distintos, y las estimaciones disponibles dibujan cuatro núcleos aislados en el norte. [1] [5] [6] [7] [8]

• Selva Paranaense, en Misiones: el censo binacional de 2024 del Proyecto Yaguareté (CeIBA-CONICET) y la Fundación Vida Silvestre Argentina estimó una media de 84 ejemplares, entre 64 y 110, en el bloque de selva que se comparte con Brasil. Es la población más grande y bajó desde los 93 de 2022. [6]
• Yungas de Salta y Jujuy: el plan de conservación de 2024, redactado por técnicos de la APN, de las dos provincias y del CONICET, calculó entre 48 y 94, una cifra que el propio documento pide usar con precaución hasta que otros estudios la confirmen. [7]
• Esteros del Iberá, en Corrientes: donde el yaguareté estaba extinto desde 1953, Parques Nacionales informó en octubre una población de más de 50 y en crecimiento, fruto de la reintroducción con la Fundación Rewilding Argentina. [5]
• Gran Chaco: para toda la región chaqueña, la APN estima menos de 20. [8]

La caza de Clorinda ocurrió en la población más chica. Con menos de 20 animales en el Gran Chaco, cada yaguareté es más del 5% de su región, según nuestro cálculo con la estimación de la APN. [8] La pérdida pesa más en los hechos que en los números: es la población que Parques Nacionales intenta reforzar en El Impenetrable con cruzas planificadas y liberaciones como la de Acaí. [4] [8] En los fundamentos de un proyecto de ley de 2025, el diputado Damián Arabia contaba que el relevamiento con cámaras trampa del departamento formoseño de Patiño había registrado siete yaguaretés, y que uno de ellos murió cazado, según se conoció en julio de 2024. [9]

Qué pena fija la ley por cazar un yaguareté

La Ley 25.463 de 2001, que declaró al yaguareté Monumento Natural Nacional, la máxima protección para una especie en la Argentina, encarga su cuidado a Parques Nacionales pero no fija penas propias. [4] [10] El castigo sale de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna, de 1981. Su artículo 25 reprime con prisión de 2 meses a 2 años a quien cace fauna silvestre cuya captura esté prohibida. Si el hecho se comete con tres o más personas, de modo organizado o con armas o medios prohibidos, la escala sube a 4 meses a 3 años de prisión y se suma una inhabilitación especial de hasta 10 años. [11]

Chagra recibió ese máximo. El 19 de diciembre de 2022, un grupo de hombres siguió desde las siete de la mañana las huellas de un yaguareté macho en una zona rural cercana a Clorinda hasta matarlo, y parte de la persecución quedó filmada. [3] Después de negar los hechos, el comerciante reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado y fue condenado el 7 de septiembre como coautor de caza de un animal silvestre prohibido, agravada por la intervención de tres o más personas: tres años de prisión en suspenso, la pena más alta de la figura. [1] [12] Fue la segunda condena del país por cazar un yaguareté, después de la de cuatro hombres que mataron y carnearon otro ejemplar en Ibarreta, también en Formosa, en agosto de 2025. [1]

La razón por la que el máximo no lleva a la cárcel está en el Código Penal. Su artículo 26 permite dejar en suspenso una primera condena de prisión que no exceda de tres años. [13] La pena más alta por matar un monumento natural cabe justo en ese límite, y en este caso la jueza fundó la condicionalidad, entre otros motivos, en que era la primera condena del acusado. [3] Ella misma advirtió en el fallo que la respuesta penal vigente puede no abarcar la verdadera dimensión del daño, aunque debía respetar el acuerdo y la escala legal. [3]

El proyecto de Arabia proponía agregar un artículo 25 bis con prisión de 4 a 8 años para quien atente contra una especie declarada monumento natural, una escala que ya no permitiría la condena en suspenso; no se convirtió en ley y el artículo 25 sigue con su tope de tres años. [9] [11] Lo que queda abierto en Formosa es la vía civil: el juez Quiñones aclaró que su decisión no impide que la provincia reclame la recomposición o la indemnización del daño ambiental por los artículos 28 y 30 de la Ley General del Ambiente, ante el tribunal competente. [1]