«No se puede resolver en términos de legalidad o ilegalidad algo que es mucho más complejo, estructural y viene de años»

Hablamos con Luna Miguens, Coordinadora del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS y Especialista en Acceso al Hábitat, sobre la denuncia realizada ayer por el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) ante la justicia por la represión de la policía bonaerense en el desalojo a la toma de Guernica. «El CELS viene interviniendo en el expediente desde hace varios meses pidiendo la suspensión y la prórroga del desalojo. Además junto con Serpaj estuvimos acompañando el proceso que se hizo los días 19 y 21 de octubre donde se censaron a las familias que estaban en la toma y siempre estuvimos a disposición de lo que se necesitara para el proceso de negociación», contó. Además agregó que «fue un proceso complejo pero muy participativo. Sabemos que cada propuesta del gobierno se discutía en asambleas en los cuatro barrios y se trataba de lograr el mayor consenso posible pero son procesos que toman tiempo. Así y todo con esa complejidad hasta el día anterior se había llegado a un acuerdo que estaba muy cerca de ser el acuerdo final». Sobre la denuncia presentada por el desalojo forzado y violento dijo que «fue un despliegue desproporcionado de las fuerzas considerando la composición de la toma ya que había muchas mujeres y niños. Después siguieron con acciones represivas en las afueras del predio a pesar de que se había cumplido el objetivo de desalojo. También vimos incendios de casillas algo que es inaceptable. Incendiar las pertenencias de las personas no se justifica de ninguna manera». Por otra parte sostuvo que «hay que recuperar lo que se llegó a acordar. Nos parece que el gobierno no puede desentenderse de la suerte de estas 1400 familias que estuvieron viviendo en condiciones de absoluta precariedad, expuestas al frio a la lluvia. Evidentemente si estuvieron más de tres meses viviendo en esas condiciones es porque tienen un problema habitacional grave. El gobierno de la provincia tiene la información suficiente de las familias para poder avanzar con una respuesta habitacional más allá del desalojo. Hay que reencauzar el proceso de negociación que se había comenzado».

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