Proponen alquiler social en Buenos Aires para reducir costos

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Si usted alquila en la provincia de Buenos Aires, un proyecto de alquiler social busca reducir el costo de entrada a una vivienda.

Los gastos iniciales pueden excluir a hogares con ingresos bajos antes de que empiece el contrato. La iniciativa plantea cambiar esa situación, pero su alcance dependerá de la aprobación legislativa y de las condiciones que se definan.

Buenos Aires propone un alquiler social para bajar el costo de entrada

Un inquilino y un propietario revisan un contrato de alquiler y se intercambian las llaves de una vivienda.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires impulsa un Régimen de Alquiler Social bonaerense. Busca reducir los gastos que deben pagar los inquilinos de bajos ingresos al firmar un contrato.

El plan reúne medidas para inquilinos, propietarios, profesionales inmobiliarios, empresas de servicios y municipios.

La meta es que usted necesite menos dinero para entrar a una vivienda.

El Consejo Directivo del Colegio presentó la propuesta al diputado provincial Héctor Rubén Eslaiman, del bloque Fuerza Patria. Le pidió que la estudie y evalúe cómo podría avanzar en la Legislatura.

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El diputado analizaría la propuesta, impulsaría su debate y definiría el alcance de una posible ley.

Para que el proyecto sea ley, debe aprobarlo la Legislatura bonaerense.

La Provincia de Buenos Aires tiene un Área de Coordinación de Alquileres, dentro de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad.

El área trabaja con los municipios y brinda asesoría sobre alquileres. También crea herramientas sobre los derechos y problemas de inquilinos y propietarios.

También busca reunir datos y ofrecer capacitación. Además, propone programas o cambios en las normas sobre alquileres formales e informales.

El área trabaja en los municipios bonaerenses.

El alquiler inicial definiría el acceso, no los ingresos del inquilino

El tope se aplicaría al precio mensual inicial del contrato de vivienda. Sería igual al sueldo básico de la Categoría 20 de la Administración Pública Provincial, por una jornada de 48 horas semanales.

El alquiler inicial de referencia para agosto de 2026 es de 388.050,73 $ por mes, equivalente al sueldo básico de la categoría 20.
El monto de referencia mensual está vinculado al sueldo básico de la categoría 20 y podría cambiar si se actualiza ese parámetro.

En agosto de 2026, el valor de referencia fue de $388.050,73 al mes. Como depende de un sueldo básico, el tope podría cambiar si se actualiza ese monto.

Así, el proyecto no fija un tope permanente en pesos. También permite ajustar el umbral por región, según criterios de segmentación territorial. Un mismo monto no refleja necesariamente los costos de todas las zonas.

Precio del contrato

El criterio se basa en el precio inicial del contrato.

Ingresos del inquilino

No exige que el inquilino cobre un ingreso igual al sueldo usado como referencia. Tampoco implica clasificar en general a los hogares por sus ingresos.

El precio se evaluaría al inicio del contrato

Un alquiler que empiece por debajo del límite podría quedar incluido, aunque el contrato prevea aumentos posteriores. La propuesta difundida no prevé revisar el precio en cada actualización. Tampoco detalla cómo se tratarían los contratos ya firmados ni establece una regla distinta para las renovaciones.

El régimen incluiría viviendas que ya se ofrecen en alquiler y otras que sus propietarios sumen al mercado. Los puntos difundidos no fijan un máximo de inmuebles ni un cupo de beneficiarios.

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El propietario pagaría las comisiones, pero seguirían otros gastos

Las comisiones y algunos trámites dejarían de pagarlos los inquilinos

Un propietario y un profesional inmobiliario firman un contrato junto a documentos que detallan gastos y honorarios a cargo del propietario.

En los contratos incluidos, estos costos quedarían a cargo del propietario:

  • Los honorarios por la intermediación de martilleros y corredores públicos.
  • Los honorarios de otros profesionales que participen en la redacción del contrato, según las escalas arancelarias de cada profesión.
  • Los informes del Registro de la Propiedad Inmueble vinculados con los contratos incluidos.
  • El Impuesto de Sellos podría quedar exento si se revisa el tope de valuación fiscal para adecuarlo a las viviendas comprendidas en el régimen.

El alquiler, el depósito y los adelantos seguirían a cargo del inquilino

El ahorro variaría según cada operación. Dependería de las comisiones, los honorarios, los informes y otros costos.

El régimen eliminaría cargos iniciales para contratar servicios

Las empresas no cobrarían conexión ni depósitos

Un técnico realiza una conexión de servicios en una vivienda alquilada mientras el inquilino observa, sin pagar cargos de alta o reconexión.

Si su contrato está incluido, las prestadoras no podrían cobrarle la conexión o reconexión. Tampoco podrían pedirle depósitos, pagos por cambiar la titularidad ni otros cargos ligados al inicio del alquiler.

La medida alcanzaría a las empresas que den de alta o reconecten servicios, o que cambien la titularidad de la vivienda.

Así, esos cargos no se sumarían al dinero que usted necesita para entrar a la vivienda. Para hacer el trámite, tendría que presentar el contrato de alquiler con las firmas certificadas.

Certificar las firmas no tendría costo para el inquilino

Los incentivos fiscales buscarían sumar viviendas al mercado

Los propietarios recibirían beneficios por ofrecer sus viviendas

Un propietario ofrece en alquiler una vivienda modesta acogida a un régimen social y con un precio inicial dentro del límite establecido.

El proyecto crea un plan fiscal más simple para propietarios que alquilen viviendas aptas para el alquiler social. Ofrece exenciones impositivas.

Para acceder, la vivienda debe destinarse al alquiler y el contrato debe respetar el tope del precio inicial. La propuesta busca compensar al propietario por los honorarios y otros costos. También apunta a sumar más viviendas al mercado formal dentro de este segmento.

La propuesta invita a los municipios bonaerenses a sumarse. Podrían dar beneficios en tasas y derechos locales.

El plan combinaría exenciones provinciales con posibles rebajas municipales.

El paso inmediato es que la Legislatura bonaerense trate el proyecto y decida si lo convierte en ley. Hasta que haya aprobación, usted no puede contar con estas reducciones al calcular cuánto necesita para ingresar a una vivienda: la propuesta aún no está vigente.

Preguntas frecuentes

¿El régimen reemplazaría el acceso a una vivienda del Instituto de la Vivienda?

No. El Instituto de la Vivienda gestiona programas de viviendas financiadas; este proyecto busca reducir los costos iniciales de los alquileres privados.

¿La propuesta ya puede aplicarse en un contrato nuevo?

No. Para que sus beneficios sean obligatorios, la Legislatura bonaerense debe aprobar el proyecto y completarse el trámite correspondiente.