Seis días antes de que se abran las urnas, apareció un nombre que el oficialismo hubiese preferido mantener en voz baja. Lorena Villaverde, diputada nacional, flamante presidenta de la Comisión de Energía y candidata a senadora por Río Negro de La Libertad Avanza, carga con una puerta cerrada al norte: Estados Unidos le niega el ingreso desde hace años. El motivo reapareció con papeles en la mano y una vieja escena en Florida, 2002, donde —según registros judiciales— fue detenida por la compra de un kilo de cocaína en un restaurante de Sarasota. Ese expediente, que en la Patagonia era secreto a medias, ahora mete ruido en la mesa chica de campaña.
- Documentos de Estados Unidos confirman el arresto de Villaverde en 2002 por una transacción de droga en Sarasota.
- La legisladora negó haber estado presa y exhibió un certificado argentino de “carencia de antecedentes”, pero los registros norteamericanos la contradicen.
- El caso judicial (02-032180) no llegó a juicio por irregularidades procesales; sigue vigente la prohibición de ingreso a EE.UU.
- Opositores como Facundo Manes pidieron su expulsión y el gobernador Ignacio Torres anunció que acompañará el reclamo.
- En el oficialismo admiten que complica la campaña y analizan su salida de la boleta, aunque continuaría como diputada.
- En Río Negro aseguran que había alertas previas sobre su pasado; ella mantiene el silencio público.
La fisura en el filtro
La política argentina es afecta a los atajos, y la selección de candidatos en tiempos de urgencia suele fiarse de la velocidad antes que del filtro. El caso Villaverde expone ese talón de Aquiles con precisión quirúrgica. A la diputada —hoy al frente de Energía, un sillón sensible por los dólares que demanda el sector y por el vínculo con empresas y reguladores— le pesa una restricción concreta: no puede pisar Estados Unidos. En tiempos de diplomacia económica, esa valla no es menor. La Cámara de Comercio estadounidense (AMCHAM) organiza misiones donde la presencia de autoridades del área es algo más que una foto; a Villaverde, según admite en privado su entorno, esa puerta se le cerró por la visa que nunca sale.
El expediente que cruzó la frontera
La cadena A24 difundió los documentos que, del otro lado, no dejan margen para el misterio. La causa 02-032180 detalla un operativo con efectivo y estupefacientes en Sarasota. Hubo arresto, hubo proceso, y hubo también un final que no terminó de serlo: el juicio no avanzó por irregularidades procesales. En los pasillos judiciales de Florida quedó asentado lo ocurrido; en Argentina, Villaverde hizo valer un certificado de carencia de antecedentes emitido aquí, que no contempla lo que no figura en el sistema local. La grieta entre papeles argentinos y norteamericanos es conocida por cualquier abogado migratorio: dos sistemas que no se hablan, salvo cuando el caso se vuelve público.
Rumor provincial, estallido nacional
En Río Negro, varios dirigentes del propio espacio libertario dicen que lo advirtieron. “Le dejé documentación y le conté de la causa en Estados Unidos, pero no me hicieron caso”, señaló Sergio Rivero, referente provincial de LLA. El murmullo que circuló por Viedma y Bariloche durante años aterrizó en la mesa nacional justo cuando la campaña pedía prolijidad. A ese cuadro se suma la relación personal y laboral de Villaverde con Martín Ciccarelli, primo y socio de Fred Machado, empresario mencionado en causas de narcotráfico y financista de aquella aventura electoral de José Luis Espert. Las proximidades no condenan, pero en política pesan como una sombra en la pared.
La versión que incomoda
Hay, además, un capítulo que nadie quiere leer en voz alta. Según versiones que circularon en su momento en ámbitos federales, Villaverde habría aceptado colaborar con la DEA antes de abandonar Estados Unidos vía México. Ella lo niega, y lo sigue negando. Lo que no niega —dicen quienes comparten agenda con su equipo— es la imposibilidad de conseguir visa. Con esa piedra en el zapato, la diputada evitó viajes oficiales donde su cargo ameritaba estar. En un Congreso donde las comisiones operan como vidriera y zona de influencia, esa ausencia empieza a notarse.
La campaña toma nota
La política no perdona el calendario. A menos de una semana de votar, Facundo Manes pidió la expulsión de Villaverde de la Cámara baja, e Ignacio Torres, gobernador de Chubut, avisó que acompañará el reclamo. En la Casa Rosada reconocen que el caso “perjudica la campaña” y, de acuerdo con fuentes del entorno presidencial, ya se evalúa pedirle que baje su candidatura al Senado. Un funcionario lo sintetizó con realismo: “Aunque se baje, seguirá siendo diputada”. Es decir, el daño no se borra con corrector.
Silencio y señales
Villaverde eligió callar. En los pasillos libertarios, el silencio se interpreta como estrategia de contención, esa receta de esperar que la ola baje sola. Puede funcionar en escándalos de una tarde; en expedientes con sello extranjero, cuesta un poco más. La tensión, por ahora, se expresa en el malestar interno y en la incomodidad de explicar por qué una presidenta de comisión clave no puede cruzar el mostrador de migraciones en Miami.
Lo que deja el episodio
El caso dice más que lo que cuenta. Habla de la fragilidad de los controles de antecedentes cuando las listas se arman a la carrera, de la distancia entre los papeles locales y los registros internacionales, y de un oficialismo que aprendió a fuerza de golpes que no hay margen para improvisar en cargos sensibles. La oposición aprovecha, como es esperable. Pero el punto de fondo excede la chispa electoral: si el puente con Estados Unidos se vuelve canal de inversiones y tecnologías para la matriz energética, no es detalle que la autoridad política a cargo no pueda pisar ese territorio.
En la Patagonia cualquiera sabe que el viento desnuda lo que las lonas no atan bien. A seis días de las urnas, el vendaval no lo provocó la oposición ni un periodista con mala leche: fueron documentos, fechas y una prohibición que estaba escrita desde hace más de dos décadas. Ahora, la política verá qué hace con eso.
