En Buenos Aires, a semanas de las legislativas, el Gobierno apura los borradores de una reforma laboral que busca reordenar quién decide en el mundo del trabajo: la fábrica como mesa, antes que el gremio de la rama. En la ecuación oficial entran paritarias por empresa, premios por desempeño, un banco de horas y la posibilidad de pactar sueldos en distintas monedas. La iniciativa saldrá del Ministerio de Capital Humano, vía la Secretaría de Trabajo que encabeza Julio Cordero, y ya chocó con la primera muralla: la CGT acusa que no pasó por el diálogo tripartito.
- El Ejecutivo impulsará, después de las elecciones, un esquema que prioriza acuerdos por empresa sobre convenios por actividad.
- Se prevén adicionales salariales atados al rendimiento individual y un sistema de banco de horas.
- Los salarios podrían fijarse en diferentes monedas; también avanza la digitalización de trámites laborales.
- La CGT cuestiona el proceso: denuncia que no se trató en el Consejo de Mayo y lo ve como herramienta de campaña.
- Datos de Equilibra muestran una brecha salarial creciente entre sectores “ganadores” y “perdedores”.
La empresa como mesa de negociación
Desde el despacho de Cordero explican que el centro del proyecto es mover el eje de la negociación: que el acuerdo firmado en cada compañía tenga prioridad sobre el convenio de la rama. La justificación suena a diagnóstico de territorio: no produce lo mismo un taller en el conurbano que una planta en Vaca Muerta, y esa diferencia —dicen— debe verse en las cláusulas. Hoy, por ley y por historia, los convenios por actividad marcan el marco general y en lo individual solo se puede mejorar, nunca retroceder sobre esos derechos. El nuevo diseño pretende abrir margen para ajustar condiciones a la “realidad” de cada establecimiento y región, sin que el Ejecutivo admita un achique de protecciones.
Productividad y premios: cuánto vale el rendimiento
Otro ladrillo del plan oficial es pegar el salario a la productividad personal, formalizando “adicionales por mérito” que hoy, en general, viven fuera de convenio. Cordero lo sintetiza sin rodeos cuando habla de premiar a quien rinde más. El incentivo como regla, no como excepción. En la práctica, sería llevar a más sectores lógicas propias de mandos medios y jerárquicos. El dilema no es menor: en un país donde la inflación mastica cualquier tabla salarial, el cómo medir y auditar ese mérito será el campo minado. Nadie quiere que el “premio” termine siendo discrecional.
Banco de horas y sueldos multimoneda
La reforma también arma una caja más flexible para el uso del tiempo. El banco de horas —muy discutido cada vez que aparece— permitiría compensar picos y valles de producción sin multiplicar extras ni licuar jornadas. La otra novedad es habilitar que las partes acuerden salarios en distintas monedas. En la práctica, ordenar por ley lo que ya ocurre en algunos nichos dolarizados. Completa el paquete la digitalización de trámites y procesos laborales, una modernización que el sector privado viene pidiendo para reducir costos y formalizar a quienes hoy navegan la informalidad.
La CGT marca la cancha
Del otro lado, la central obrera prendió la luz roja. Gerardo Martínez, de la UOCRA, salió a decir que esos temas no se trabajaron en el Consejo de Mayo y acusó al Gobierno de saltar el diálogo tripartito. Lo describió como un atajo para instalar consignas y agitar al empresariado, más ensayo electoral que política de Estado. Traducido a la jerga de la calle: si la regla pasa a definirse empresa por empresa, los sindicatos temen perder palanca y cobertura, sobre todo en los sectores más débiles.
Un mapa salarial partido
Los números acompañan la disputa. Según Equilibra, no todos corren con la misma camiseta. Petróleo y gas (+22,8% real), farmacéuticos (+17%) y calzado (+16,3%) lograron zafar de la licuadora. Del otro lado, textiles (-38,2%), docentes universitarios (-30,6%) y estatales (-35,6%) quedaron en la banquina. El desglose muestra lo que cualquiera ve en la ventanilla del cajero: hay islas con dólares o cláusulas rápidas, y hay amplias periferias sin ese salvavidas. En ese tablero, una negociación ultra fragmentada podría amplificar la distancia entre los que tienen fuerza para pelear y los que apenas llegan a fin de mes.
El trasfondo y lo que viene
La apuesta del Gobierno se discutirá —prometen— después de las legislativas. No es un dato menor: la política mira el almanaque, y los actores sociales también. En el empresariado hay expectativa por ganar margen de maniobra, en especial pymes que ven en la rigidez un freno para contratar. En los gremios, la señal que leen es otra: menos rama, menos piso común, menos poder de fuego. En el medio, millones de trabajadores que ya viven con acuerdos informales, bonos por productividad y pagos “en lo que haya”, sin red.
La experiencia local enseña que las reformas laborales caminan, o tropiezan, según el consenso que construyan. Los tribunales, cuando huelen desequilibrios, suelen levantar la ceja. Por eso el punto no es solo técnico —premios, horas, monedas— sino político: quién fija las reglas y con qué legitimidad. El Gobierno quiere que la fábrica sea la mesa. La CGT, que la mesa siga siendo grande y compartida. Entre ambos extremos se definirá si este proyecto ordena la cancha o agrega ruido a un partido que ya viene áspero.
