El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, comentó en una entrevista con Kamikaze Stream que, al igual que Javier Milei fue elegido, el gobernador Axel Kicillof posee la misma legitimidad por parte de los ciudadanos de Buenos Aires que lo votaron.
Denuncia del Partido Justicialista
El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, junto a varios intendentes, se manifestaron en contra de la “gravedad institucional” del requerimiento del presidente Javier Milei para que el gobernador Axel Kicillof dimita y que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) realice una intervención en la provincia.
En una serie de pronunciamientos emitidos tras la insólita amenaza del presidente en las redes sociales, la agrupación política liderada por Máximo Kirchner y los jefes comunales pidieron al gobierno nacional que “colabore de manera conjunta con la provincia” y restituya los fondos coparticipables que se le retiraron tan pronto como asumió en diciembre de 2024.
“Devuelvan los más de 700 mil millones de pesos que le quitaron para seguridad. Salvo que solo quiera aprovechar este doloroso momento de los familiares de las víctimas para fines electorales”, expresa el comunicado encabezado por el líder del PJ provincial.
El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, reafirmó en declaraciones a Kamikaze Stream que, al igual que fue elegido Milei, el gobernador Kicillof presenta la misma legitimidad otorgada por los bonaerenses que lo votaron.
Sobre la problemática de la inseguridad en la Provincia, el intendente subrayó que Milei debe saldar la deuda que tiene con la región: «Esta deuda no es con Kicillof, es con todos los bonaerenses; por lo tanto, tiene que cumplir con ello«.
🎙️»700 mil millones le debe en términos de seguridad a la provincia de Buenos Aires el presidente Javier Milei», @PablocDescalzo #ArgentinosDeBien #ituzaingo #Kicillof @lalobadecatan
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¿Es posible que Milei intervenga la provincia de Buenos Aires?
La intervención federal es una facultad del gobierno nacional que está contemplada en la Constitución. El artículo 6º de la Constitución establece que esto puede ocurrir para:
“Garantizar la forma republicana de gobierno.”
“Repeler invasiones exteriores.”
En caso de que las autoridades sean destituidas o si lo solicitan ellas mismas (“Por requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia”).
Los requerimientos y el contexto necesario que sugiere Milei para una intervención en la provincia de Buenos Aires no parecen alinearse con el marco constitucional, aunque es cierto que este Gobierno se ha caracterizado por llevar al límite cualquier interpretación de la legislación hasta comprometer su institucionalidad y coherencia.
Sin embargo, si el Presidente opta por intervenir la provincia, dicha decisión deberá ser validada por el Poder Legislativo. Esto queda claro en el inciso 20 del artículo 99 que menciona las atribuciones del Presidente, así como en el inciso 31 del artículo 75 que se refiere al Congreso:
El Presidente puede proceder a la intervención en caso de receso del Congreso, y a su vez, el Congreso tiene el poder de “aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder Ejecutivo”.
Si el gobierno lleva a cabo la intervención de la provincia, el Presidente deberá nombrar un interventor, quien durante la duración de la medida tendrá funciones tanto en el ámbito Ejecutivo como en el Legislativo, aunque no en el Judicial, donde podrá designar jueces. La intervención tiene un plazo de seis meses, con posibilidad de extensión.