Más de seis meses han transcurrido desde que se cortó la cinta en el puerto de Ituzaingó, y la realidad es contundente: no se ha movido una sola carga. Esta obra, considerada la más ambiciosa del norte de Corrientes y financiada con más de 50 millones de dólares, permanece atrapada en la inercia política, convirtiéndose, para los actores del sector productivo, en un símbolo de oportunidades perdidas.
- El puerto de Ituzaingó sigue sin operar desde su inauguración.
- La falta de un marco normativo competitivo imposibilita su funcionamiento.
- Los costos logísticos elevan hasta un 30% el precio de la producción regional.
- Inversiones extranjeras no logran ser recibidas por funcionarios nacionales.
- El desarrollo productivo de la región se encuentra estancado por falta de decisión política.
Las críticas son directas y apuntan al núcleo del problema. “Esto no es un inconveniente técnico, es político”, declara Pablo Rigal, gerente forestal de Las Marías. La ausencia de un marco normativo que facilite la operación con barcazas competitivas -todo tras el rechazo del Decreto 340/25 en el Congreso- ha bloqueado la capacidad de funcionamiento del puerto, dejando a los productores en una espera angustiante.
El impacto de esta situación es más que evidente: los costos logísticos pueden representar hasta el 30% del precio final de la producción regional. La posibilidad de optar por el transporte fluvial podría significar un ahorro de hasta 1.000 dólares por contenedor exportado, reivindicando la competitividad de sectores cruciales como la madera y la yerba mate. Sin embargo, la realidad es que nada de ello se está llevando a cabo.
A esta problemática se suma otra denuncia incómoda: las empresas extranjeras interesadas en invertir no logran ser recibidas por funcionarios nacionales. “No piden subsidios, piden reglas claras. Y ni eso tienen”, resume Rigal, encapsulando la frustración que siente una región desbordante de potencial, pero paralizada por la falta de decisiones concretas.
En Corrientes, el diagnóstico es unánime: sin una decisión política clara desde Buenos Aires, el puerto permanecerá cerrado y el desarrollo productivo de la zona quedará, una vez más, postergado.
