Examen de idoneidad para el empleo público
El Gobierno ha decidido extender los contratos de alrededor de 40.000 trabajadores del sector público nacional, pero solo por un periodo de tres meses.
- Estos empleados no forman parte de la planta permanente del Estado.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, su administración ha estado prorrogando estas contrataciones de manera temporal, cada tres meses, para determinar qué grupo de trabajadores conservará su empleo y cuáles serán despedidos.
Nuevas prórrogas hasta marzo
Esta renovación se realizará nuevamente ahora, con prórrogas que se extienden hasta finales de marzo, mientras se espera que estos empleados se presenten a un examen de idoneidad que les permita acceder a un régimen más estable.
Aproximadamente 40.000 trabajadores están actualmente bajo este régimen, según lo estipulado en el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, que contempla sistemas por tiempo definido para servicios temporales o estacionales.
- Todos sus contratos habían vencido el 31 de diciembre de 2024, pero en las diferentes dependencias se están formalizando renovaciones por tres meses adicionales.
Examen de idoneidad como condición
Se prevé que esta sea la última extensión, ya que se ha establecido que todos los empleados deberán presentar la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, un «examen de idoneidad» que contendrá un cuestionario dividido en tres áreas: comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública.
A partir de marzo, solo continuarán aquellos empleados que logren cumplir con dos requisitos: haber aprobado el examen de idoneidad y que sus superiores consideren que su función es esencial para el área, según informaron fuentes oficiales.
Resultados del examen hasta ahora
Hasta el momento, han rendido el examen 14.000 empleados, de los cuales el 95% ha logrado aprobar.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha denunciado que el número total de empleados cuyos contratos vencieron el 31 de diciembre supera los 55.000, y no solo los 40.000 mencionados.
Contabilización de otros trabajadores
Este conteo también incluye a los monotributistas bajo locación de servicios y a los 2.400 trabajadores que dependían de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), que tiene un vínculo cooperativo con el Ministerio de Justicia para facilitar trámites en los registros automotrices.
- El Gobierno ya ha anunciado que desvinculará a los trabajadores que tengan convenio con Acara.
Desde ATE señalaron que, con el inicio del nuevo año, «se han reportado los primeros despidos en el Ministerio de Justicia, el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y en Parques Nacionales».
Desvinculaciones por mensaje
En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que se encuentra en la ex-ESMA, 87 empleados recibieron un aviso por WhatsApp el 31 de diciembre comunicándoles que no debían presentarse más a trabajar.
Medidas de congelamiento en la administración pública
El Gobierno ha implementado dos nuevos decretos que congelan el presupuesto de la administración nacional y limitan el ingreso de nuevos empleados en el sector público.
En el último Boletín Oficial de 2024, Milei junto a Sturzenegger firmaron los decretos 1148/24 y 1149/24.
En estos decretos se especifica que «las entidades del Sector Público Nacional no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal bajo ninguna modalidad».
Esta restricción incluye tanto las designaciones en plantas transitorias como las contrataciones bajo el «artículo 9°», así como las contrataciones para la prestación de servicios profesionales independientes.
Excepciones a la norma
De forma excepcional, se podrán extender las designaciones temporales y los contratos firmados en el año anterior.
Cualquier nueva alta en un organismo público deberá ser justificada por la baja de tres empleados, sin importar la causa, ya sea por renuncia, jubilación o desvinculación.
El decreto 1149/24 establece que a partir del 1 de marzo de 2025, todas las personas que deseen ingresar al sector público deberán aprobar el examen de idoneidad que previamente será exigido a los empleados actuales.
Este examen también será requerido para las empresas con mayoría de acciones del Estado.
