Lo que empezó como un simple cambio administrativo en el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó se ha transformado en un verdadero torbellino político local. La remoción de su director, el médico Santiago Cerneaz, vinculado a La Libertad Avanza (LLA), ha desatado un torrente de acusaciones que apuntan a la cúpula nacional del PAMI, sugiriendo un pacto de «supervivencia» con el peronismo territorial. Así, en un rincón del conurbano bonaerense, se revela otra faceta de la política argentina, donde los acuerdos no siempre son bienvenidos y las luchas internas se desnudan ante el ojo público.
- Desplazamiento de Santiago Cerneaz en el Hospital del Bicentenario.
- Acusaciones de irregularidades y de vínculos con La Cámpora y el peronismo.
- Designación de Christian Varela como nuevo director, generando controversia.
- Intentos de transparencia en la gestión de Cerneaz frustrados por la política local.
- La lectura de un posible pacto entre el gobierno y el PJ a nivel local.
Según fuentes cercanas, la salida de Cerneaz no llegó por medio de una decisión técnica. Desde el ámbito libertario de la ciudad, claman que su remoción fue premeditada y abrupta, realizada mientras él disfrutaba de unas merecidas vacaciones. La razón de tal medida radica en la detección de irregularidades dentro de un sistema que, según acusan, sigue sirviendo los intereses de La Cámpora, la UBA y el peronismo provincial.
En el corazón del conflicto se encuentra la designación de Christian Varela como su reemplazo. Este funcionario, con una trayectoria larga en el sistema sanitario bonaerense bajo la égida del PJ, ha despertado la indignación entre los referentes locales de Milei, quienes ven en su nombramiento una clara señal de un acuerdo subterráneo entre la Casa Rosada y el intendente Pablo Descalzo.
Uno de los hitos más relevantes durante la gestión de Cerneaz fue la decisión de despedir a empleados cuyo nombre figuraba en la nómina sin cumplir una función. Entre los casos más llamativos, el primero en irse era un concejal de Unión por la Patria que percibía un salario superior a los dos millones de pesos sin presentarse a trabajar. A pesar de la voluntad de generar un cambio y de promover la transparencia, la estructura jerárquica demostró ser un obstáculo difícil de sortear. Muchos despidos decididos por la dirección local fueron revertidos por orden de Esteban Leguizamo, el titular del PAMI a nivel nacional.
Entre las múltiples interpretaciones que emergen del escándalo, una se erige como la más inquietante: mientras el Presidente aboga por el fin de los privilegios, en las entrañas del territorio se prioriza la «buena vecindad» con los barones del conurbano, buscando así asegurar la gobernabilidad. En esta danza política, donde las lealtades son puestas a prueba, Ituzaingó se convierte en un espejo de las tensiones que dividen y, al mismo tiempo, unen el destino del país.
