El debate en torno a las PASO
El diálogo sobre las PASO ha dejado abiertas numerosas interrogantes acerca de si su implementación ha potenciado la transparencia en los partidos y si representa o no un gasto significativo para la administración del país.
Con 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción, mientras que el Senado aprobó un dictamen mayoritario en la Comisión de Asuntos Constitucionales para que se trate en breve el proyecto presentado por el Ejecutivo que propone suspender las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2025.
Según la ley 26.571 de 2009, conocida como «Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral», las PASO buscan abrir la dinámica interna de los partidos políticos y fomentar una mayor participación ciudadana. Al inicio, esta normativa fue concebida y discutida con el fin de mejorar la transparencia y aumentar notablemente el ejercicio de los derechos políticos.
En medio del debate, se presentaron diversas opiniones sobre la conveniencia de eliminar primero las PASO y luego sobre su suspensión. Uno de los puntos más debatidos, tanto a favor como en contra de su existencia, fue el análisis fiscal que deriva de su implementación.
Datos sobre el gasto del Estado
Desde Fundación Éforo, a través del informe Políticas Electorales en Argentina, se proporcionaron números sobre la evolución del gasto público relacionado con el funcionamiento de los partidos políticos y la política electoral (GPPyE) entre 2007 y 2022, incluyendo el impacto presupuestario del proceso electoral de 2023.
En Argentina, la política electoral y la realización de los actos comiciales se organizan a través del trabajo conjunto de la Dirección Nacional Electoral (DINE), que depende del ex Ministerio del Interior, y de la Justicia Electoral, además del Comando General Electoral, encargado de la programación y ejecución de las medidas de seguridad durante el proceso comicial, junto con el Correo Argentino, que se ocupa de la logística general.
La Ley N° 26.215 (y sus modificaciones) regula el financiamiento de los partidos políticos, indicándose que las actividades de estos pueden ser financiadas a través de dos fuentes (art. 4): públicas (aportaciones regulares del Estado Nacional a través del Fondo Partidario Permanente administrado por el Ministerio del Interior) y privadas (contribuciones de sus afiliados, donaciones y otras actividades propias).
El impacto fiscal de las elecciones nacionales
El gasto asignado a los partidos políticos y a la política electoral (GPPyE) pasó del 0,04% del PBI en 2007 a ubicarse entre el 0,05% y el 0,08% del PIB. Este crecimiento se debe en parte a la instauración de las PASO. Como aclaración metodológica, se indica que las cifras de gasto están a precios constantes del año 2024.
Desde la introducción de las PASO, el costo de llevar a cabo un proceso electoral para elegir presidentes y legisladores a nivel nacional ha sido en promedio de $331.016 millones. El año que más recursos fiscales exigió fue 2015, cuando se realizó un balotaje. En esa ocasión, el gasto alcanzó los $371.630 millones, lo que significa que el proceso electoral de 2023 demandó un gasto del Estado Nacional cerca del 6% menor en comparación con 2015. En contraposición, las elecciones presidenciales de 2019 requirieron aproximadamente $251.662 millones, cifra inferior a las elecciones de 2015 y 2023.
Al examinar los tipos de gasto involucrados en un proceso electoral, se pueden notar similitudes y diferencias. Para las elecciones de 2015 y 2023, los «servicios de logística del Correo Argentino» y las «transferencias» representaron más del 70% del total de gastos: 78% en 2023 y 81% en 2015.
Las transferencias abarcan todas las erogaciones que realiza el Estado Nacional por diversos conceptos en el marco del proceso electoral. Sin embargo, a partir de los registros administrativos y la información pública accesible, no se puede desglosar el monto correspondiente a cada tipo de gasto.
En el rubro de transferencias se incluyen los gastos que demanda el Comando General Electoral para garantizar la seguridad y custodia del proceso electoral; los fondos otorgados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pagar horas extras y contratos en las Secretarías Electorales en todo el país, así como las transferencias a las Secretarías Electorales para gastos de funcionamiento y aportes a agrupaciones políticas para la campaña electoral y la impresión de boletas.
El proceso electoral 2023 demandó un gasto del Estado Nacional que fue aproximadamente un 6% menor al de 2015.
A donde sí se nota una disminución significativa es en el «Fondo Partidario Permanente» (FPP), que cayó un 95% en 2023 en comparación a 2015: $172 millones versus $3.300 millones.
El FPP es administrado por el ex Ministerio del Interior y sus fondos se distribuyen entre los partidos políticos como apoyo a su funcionamiento institucional. Este fondo representa una herramienta crucial proporcionada por el Estado Nacional para asegurar la independencia política de los partidos al momento de definir sus plataformas y propuestas alineadas con las demandas de la ciudadanía.
Desde la instauración de las PASO, el gasto de un proceso electoral para elegir presidentes y legisladores a nivel nacional ha sido de aproximadamente $331.016 millones, en promedio.
Por otro lado, aunque no son los gastos más relevantes dentro del proceso electoral, los costos en «viáticos y pasajes» y «gastos en urnas, sobres, entre otros» son los que más aumentaron entre 2015 y 2023, registrando incrementos del 239% y 152% respectivamente.
Las elecciones de medio término
Las últimas elecciones de medio término se llevaron a cabo en 2021 y 2017. Mientras que la de 2017 tuvo un costo de $298.882 millones, en 2021 el gasto fue de aproximadamente $264.097 millones. Comparándolas, la elección de medio término de 2021 requirió un esfuerzo fiscal 12% menor que la de 2017. Desde que se implementaron las PASO, el gasto promedio en un proceso electoral de medio término, donde solo se eligen legisladores nacionales, es de $280.088 millones.
Al analizar los detalles de los gastos, se observa que entre las partidas más relevantes, los fondos del «Fondo Partidario Permanente», los «servicios logísticos del Correo Argentino» y las «transferencias» disminuyeron en cuatro años un 56%, 30% y 10% respectivamente. Sin embargo, los «servicios profesionales y técnicos» fueron la categoría que más creció entre las elecciones de 2017 y 2021, con un aumento del 789%, pasando de $2.344 millones a $20.846 millones.
Los servicios profesionales y técnicos incluyen aquellos contratados por el Estado y proporcionados por terceros, tales como consultorías, capacitación, diseño de páginas web para comunicar resultados, entre otros.
Un debate que permanece abierto
Las modificaciones en el sistema electoral deben orientarse a fortalecer la transparencia del proceso electoral, ampliar la participación ciudadana y fomentar la rendición de cuentas. El sistema electoral es un pilar fundamental de la estructura de poder en una sociedad democrática.
Los partidos políticos deben contar con una estructura interna que garantice transparencia y acceso a la información pública, un derecho que debe ser protegido para fortalecer la dimensión democrática de la participación en la agenda política.
La discusión en torno al sistema electoral debe ser exhaustiva para que la normativa ofrezca la estabilidad necesaria para solidificar la institucionalidad democráticas y, con ello, mejorar la representación política de los ciudadanos. Al hablar de modificar o suspender regulaciones que afectan la vida y la calidad de nuestra democracia, se pone en riesgo la representación política y se legitima un sistema débil que distancia aún más las agendas ciudadanas de la política.
Para profundizar en este tema, y ya que analizar la realidad también es un acto de participación, desde Fundación Éforo te invitamos a explorar los informes técnicos y ciudadanos que están disponibles en nuestra página web.
Este artículo fue publicado originalmente en El Auditor.
