Martes gris en Casa Rosada y una escena ya conocida: el Gobierno promulgó dos leyes con nombre y urgencia propias —la de emergencia pediátrica, la llamada Garrahan, y la de financiamiento universitario—, pero les puso el freno de mano hasta que el Congreso diga con qué plata se pagan y fije las partidas en el Presupuesto 2026. Promulgadas sí, ejecutables no. Una promesa sellada con firma, pero guardada en el cajón de las condiciones.
- El Ejecutivo oficializó las normas por los decretos 759/2025 y 760/2025, pero suspendió su aplicación.
- Argumenta que sin partidas definidas por el Congreso no puede ponerlas en marcha, por el artículo 5° de la Ley 24.629.
- La ley universitaria prevé fondos para salarios, becas e investigación; el costo estimado: $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026.
- La emergencia pediátrica, con foco en el Garrahan y residencias médicas, tiene un costo calculado de $196.270 millones.
- El caso replica lo ya ocurrido con la ley de emergencia en discapacidad, también postergada por falta de financiamiento.
- Tensión abierta entre Ejecutivo y Parlamento por quién define el ritmo y el tamaño del gasto.
Promulgadas, pero en pausa
Las dos leyes habían sido ratificadas por el Congreso el 2 de octubre, después de que los legisladores rechazaran los vetos del presidente Javier Milei. El Gobierno las promulgó, sí, pero dejó asentado que sin el “cómo se paga” no habrá ejecución. La cobertura legal elegida es conocida por los presupuestaristas: el artículo 5° de la Ley 24.629 de Ejecución del Gasto Público, que impide avanzar sin crédito presupuestario suficiente y advierte sobre responsabilidades funcionales si se gasta sin respaldo. Una llave que abre la puerta formal, pero no enciende la luz.
Universidades: la cuenta larga
La Ley 27.795 busca estabilizar el financiamiento del sistema universitario público: actualización de salarios para docentes y no docentes, fortalecimiento de becas, tecnología e investigación. El número oficial es pesado: $1,07 billones en 2025, superando los $2 billones en 2026. En los rectores suena a alivio posible; en el Ministerio de Economía, a partida que todavía no está. En un contexto de gasto medido al milímetro, la discusión no es académica: sin partida, no hay ejecución. Y la letra del decreto lo repite como mantra.
Emergencia pediátrica: el Garrahan como termómetro
La Ley 27.796 declara por un año la emergencia sanitaria infantil y apunta a reforzar los hospitales pediátricos —con el Garrahan como emblema— y el sistema de residencias. En Parque Patricios, ese hospital recibe derivaciones de todo el país y, si se quiere, condensa la escena: demanda creciente, recursos tensos. El decreto admite que las reasignaciones dentro de Salud no alcanzan y que, de forzarse, podrían desfinanciar programas esenciales como provisión de medicamentos o prevención del VIH. Tapar un agujero destapando otro, un clásico que nadie admite pero todos conocen.
La disputa por la caja
El Gobierno le pasa la pelota al Congreso: definan la fuente y voten la partida. El Parlamento recuerda que ya dio el paso político al revertir los vetos. Entre ambos, las leyes quedan promulgadas pero suspendidas, como ocurrió hace semanas con la emergencia en discapacidad. No hay épica: hay procedimiento. Y hay, sobre todo, un tironeo por la caja que ordena tiempos y prioridades.
Hasta que el Presupuesto 2026 diga lo contrario, en las aulas se sostiene el pulso con lo que hay y en los pasillos del Garrahan el trajín no cede. En Argentina, las emergencias suelen declarar lo que ya vemos; el problema, esta vez, es que la urgencia quedó oficializada, pero a cuenta de un crédito que todavía no aparece.
