Desde hace más de cinco décadas, Ascensores Cóndor es sinónimo de innovación en el mercado local del elevador. Situada en la calle Miravé 1400, en Villa León, Ituzaingó, esta empresa se convirtió, a lo largo de los años, en un pilar fundamental de la industria bonaerense. En sus mejores tiempos, contaba con 180 empleados y producía cerca de 30 ascensores cada mes, haciendo de su planta un centro de actividad y vibración.
Sin embargo, en tiempos recientes la realidad ha cambiado drásticamente. La producción ha caído en picada y el número de empleados también ha sufrido un fuerte golpe. En lo que va de 2025, la gestión de Cóndor ha enfrentado un verdadero descalabro: sin insumos, sus instalaciones lucen como un escenario desolado, donde el eco de las máquinas ha sido sustituido por un silencio tenso y aplastante. En casi un año, los operarios no han logrado producir lo que antes alcanzaban en tan solo 30 días.
“Desde hace más de un año estamos llevando reclamos al Ministerio de Trabajo y realizando asambleas. Pero hoy los compañeros ya dijeron basta: llevan cuatro meses sin cobrar sus salarios. Esta situación refleja lo que vivimos a diario: la apertura de importaciones está asfixiando a las industrias locales. Ya cerró una fábrica de heladeras en Merlo (Freebandir) y ahora nos preocupa el mismo destino para Ascensores Cóndor”, manifestó Rubén Andrada, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Morón.
Andrada se unió a los trabajadores en una manifestación pacífica pero ruidosa en las puertas de la empresa. Reflexionó: “Están llegando ascensores de China con tecnología sofisticada y a precios irrisorios en comparación con lo que cuesta producirlos aquí. Ver a esta empresa, que llegó a tener 180 trabajadores, en esta situación es simplemente impactante”.
Deuda hasta con clientes
Jorge Bazán es delegado de la UOM desde hace diez años y tiene 18 de antigüedad en la empresa. Su voz, cargada de experiencias pasadas, tiene un peso especial al recordar los días dorados: “Cuando entré, vendíamos casi 30 ascensores al mes. Esto era una mina de oro. Luego, tras la separación de los socios, todo comenzó a caer. Ahora llevamos cuatro meses sin cobrar”, describió con un tono entre nostálgico y combativo.
El delegado resaltó que “la paciencia ya no da más: se habían acordado retiros voluntarios que jamás se cumplieron”. Y, con un nudo en la garganta, enfatizó: “Si van a tener que cerrar, que lo hagan de una vez, porque esto es solo estirar una agonía.”
La situación se agrava: la semana pasada, en una reunión con la gerencia, los empleados se encontraron con un panorama “desolador”: les deben 200 ascensores a sus clientes, por los que ya han cobrado, y no han podido producir ni uno solo. Las cuentas de la empresa están embargadas y los proveedores han dejado de entregar mercadería, haciendo que las máquinas permanezcan inactivas desde hace tres meses.
Aunque la empresa sigue abierta y los trabajadores se presentan a diario, no tienen nada que hacer. Muchos han comenzado a buscar trabajos informales para sobrevivir. Alrededor de 40 empleados enfrentan esta dura realidad y, al mismo tiempo, la empresa ha dejado de realizar sus aportes patronales desde hace más de un año. En las últimas audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo, sus propietarios ni siquiera se presentaron ni enviaron a alguien en representación. “Creemos que, lamentablemente, es una firma que tiene certificado de defunción”, concluyó Andrada, reflejando la angustia de un sector que solía ser sinónimo de crecimiento y oportunidades.
