Un expediente que duele y avanza: en Morón, la UFI N° 12 especializada en Violencia de Género instruye una causa contra Marcelo Díaz, profesor de educación física y hoy inspector de la rama en Ituzaingó, acusado de someter durante una década a una ex alumna a través de violencia, manipulación y amenazas. La denunciante, Alejandra Macarena Bermúdez, contó que todo empezó cuando tenía 15, en el colegio, con señales que entonces parecían confusas y que el tiempo volvió evidentes.
- La causa tramita en la UFI N° 12 de Morón; el acusado es inspector de educación física en Ituzaingó.
- La denunciante afirma que los hechos comenzaron en 2012, cuando era alumna de 4° año y menor de edad.
- Se investigan episodios dentro de la escuela y un primer acceso carnal en 2014, en un hotel alojamiento.
- Según la denuncia, el acusado tomó fotos íntimas para extorsionarla y sostener el control durante años.
- La madre reconoció ante la fiscalía haber sabido del vínculo inicial y guardar silencio por pedido de su hija.
- La Fiscalía dictó perimetral de 500 metros por 60 días; la víctima mantiene la acción penal y recibe atención psicológica.
La denuncia y la causa
El Ministerio Público bonaerense investiga a Díaz por abuso sexual y averiguación de ilícito, con eje en los hechos que Bermúdez ratificó ante la fiscalía. El funcionario, que hoy supervisa a los profesores de educación física del distrito, es señalado por aprovechar su rol docente para iniciar un vínculo de control que, de acuerdo a la presentación, se estiró por años entre silencios, presiones y miedo. En el expediente constan testimonios del entorno de la joven y una serie de correos electrónicos atribuidos al imputado, que la Justicia ya analiza.
El comienzo: escuela, confianza y grooming
El punto de partida es 2012, en un cuarto año del Instituto Nuestra Señora de Lourdes, en Villa Udaondo. Un colegio privado y confesional, de esos que arman comunidad y guardapolvo planchado. Alejandra tenía 15. Él daba gimnasia. Según el expediente, los primeros acercamientos ocurrieron en un campamento en Mar Azul: una amabilidad insistente, miradas que incomodan, gestos que buscan quedar como una deferencia especial.
En paralelo, se abrió una ventanita digital. Bermúdez contó que recibió solicitud de Facebook y, desde ahí, mensajes y fotos que él mismo le sacaba en el colegio y en los entrenamientos. No había comentarios, sí presencia constante: la forma silenciosa del grooming que construye confianza, observa y registra.
Una compañera de banco notó, años atrás, ese trato diferenciado. Dijo ante la Justicia que con Alejandra el profesor era “distinto”, de un modo que no encajaba con la buena onda habitual de clase.
Abusos dentro del colegio
Los pasillos vacíos de agosto de 2014, con medio curso de viaje de egresados, dejaron espacios sin testigos. De acuerdo a la denuncia, en un aula de Economía y luego en el cuarto de materiales de Educación Física, el docente habría aprovechado ese aislamiento para someterla: acorralamientos, tocamientos por encima de la ropa, la sensación de no poder salir del lugar. Hasta que un ruido externo cortó la escena. La escuela, pensada como resguardo, quedó a contramano.
El hotel de la colectora
La primera relación con acceso carnal denunciada ocurrió en octubre de 2014, cuando la joven tenía 17. Según su testimonio, la llevó en su auto, un Volkswagen Suran, al hotel alojamiento “Blue”, sobre la colectora de Ituzaingó, bajo la excusa de hablar de actividades escolares. Allí, dice, consumó el abuso y tomó fotos íntimas. Ese material, según la presentación, se transformó en herramienta de extorsión para mantenerla atada al silencio y al vínculo.
Una década de control y silencios
Con la mayoría de edad cumplida, vinieron años confusos. Declaraciones de amistades y familiares dieron cuenta de comunicaciones permanentes y un lazo difícil de cortar. Hubo quien interpretó que, ya adulta, podía haber consentimiento. Pero la denunciante definió esa etapa como una relación manipulada, tóxica, guiada por la asimetría de poder instalada desde la adolescencia. El mapa emocional, dicen quienes investigan, ayuda a entender cómo opera el control coercitivo: no demanda gritos, alcanza con ordenar la culpa.
La voz de la madre: un pacto que pesó
El 18 de junio de 2025, la madre de Alejandra se presentó a declarar en la UFI N° 12. Su testimonio aportó una pieza que faltaba: dijo que supo del vínculo cuando su hija tenía 15, que lo vivió como “una relación” contada en confianza y que amenazó con hablarle al padre. La adolescente le pidió que no lo hiciera y prometió cortar el contacto. La madre admitió haber creído esa promesa y callado. Ese silencio, sumado a la insistencia del adulto, trazó un corredor de impunidad difícil de romper.
Señales en una casa con puertas cerradas
La madre describió extensas charlas telefónicas a puerta cerrada, llantos secos, cambios de ánimo, y el trabajo que la sacaba de casa por horas. Dijo no haber leído a tiempo esas señales como lo que eran: una dinámica de control. Añadió que, con el padre separado de la familia, las responsabilidades se convertían en reproches. Un escenario de grietas familiares que, según la causa, el agresor habría explotado para aislar aún más a la joven.
Hablar para salir
Con terapia, tiempo y redes que hoy se tejen más firmes, Alejandra decidió contar. En sus redes sociales explicó que el proceso fue largo, con vergüenzas y crisis, y que eligió hacerlo también para que no le pase a nadie más. No pidió compasión: pidió que la escuchen.
Correos, miedo y la perimetral
Cuando el expediente tomó vuelo, aparecieron correos electrónicos enviados por el imputado a la denunciante. En esas líneas, de acuerdo a las capturas agregadas a la causa, reconocía haber recibido la notificación por “abuso sexual agravado” —con penas de 8 a 16 años—, admitía que presentarse en fiscalía podía costarle el cargo y suplicaba que retirara la denuncia, prometiendo “desaparecer” para proteger su trabajo y a sus hijas. La fiscalía dictó una restricción perimetral de 500 metros por 60 días. La víctima ratificó su voluntad de impulsar la acción penal y continúa en tratamiento psicológico.
Qué dice la ley
El Código Penal argentino no deja zonas grises cuando hay autoridad o confianza de por medio. Aunque la regla general fija la edad de consentimiento a partir de los 13 años, el consentimiento se vicia cuando el adulto es docente o está a cargo de la educación de la víctima.
- Abuso sexual agravado por la condición de educador (art. 119): se agrava la pena si el autor es quien educa o guarda.
- Corrupción de menores agravada (art. 125): sanciona a quien promueve o facilita la iniciación sexual de una persona menor de 18 años, incluso si la víctima “consiente”.
- Grooming o ciberacoso (art. 131): castiga el contacto por medios tecnológicos con fines de cometer delitos contra la integridad sexual; los mensajes y fotos sin permiso que relata la denunciante se encuadran en esta figura.
La estrategia procesal, por ahora, es ordenada: testimonios, pericias y medidas de protección. La investigación sigue su curso en Morón. En el mientras tanto, queda la escena más común y menos visible: una mujer que reconstruye su vida, y una comunidad escolar que se pregunta qué señales no vio a tiempo.
